La banda de Rajoy roba a los pensionistas

En un ejercicio de cinismo y abuso de poder, Rajoy acaba de robar parte de su pensión a los jubilados. Con total descaro, Fátima Báñez se atreve a decir que "vamos a pedir la colaboración de nuestros mayores", cuando lo que han hecho es abrirles el bolsillo y quitarles parte de sus, en general, escasos emolumentos.

Hay que dejar claro que la pensión no es un regalo. Durante muchos años, los trabajadores van aportando un dinero. Lo lógico sería que ese dinero quede en un fondo intocable por parte de las autoridades y generando los correspondientes intereses para que, alcanzada la jubilación, el pensionista pueda seguir teniendo unos ingresos.

Es el mecanismo de los fondos de pensiones o de las entidades de previsión social voluntaria que existen en muchos países. En estos casos, son organizaciones ajenas al gobierno las que gestionan ese dinero. Por supuesto, el mecanismo es algo más complejo: parte del dinero se destina a una especie de seguro para cubrir pensiones adelantadas (invalidez...) y la pensión se calcula en función de la esperanza de vida. Es decir que los más longevos se compensan con los que fallecen antes.

Pero, a lo que vamos, es que es un dinero propiedad de quienes lo aportan. Y sería impensable que el gobierno meta mano a ese dinero que no es suyo.

En nuestro caso, como todo está más difuminado, pretenden hacernos creer que es una especie de caridad y el gobierno puede hacer y deshacer según le convenga. Y no es así. No subir el importe que corresponde a las pensiones es simple y llanamente un robo. Y es un robo a las personas más desprotegidas. La situación es aún más grave, si tenemos en cuenta que mientras el gobierno roba con una mano el dinero de los pensionistas, con otra mano se muestra generoso con la banca o la iglesia, por poner dos ejemplos. Es la clásica situación del que invita con dinero ajeno. ¡Qué bien hemos quedado! ¡Hemos rescatado a los bancos! ¡Estamos manteniendo a la Iglesia!

En justicia, parte de esos bancos y parte de las iglesias pertenecen ahora a los pensionistas. Algún juez debería, de oficio, tramitarlo. No se puede consentir que un gobierno robe descaradamente a millones de personas con el beneplácito de la justicia. Porque a estas alturas lo más grave no es que el gobierno haya mentido. Lo de que no iba a tocar las pensiones es su enésima mentira. Lo más grave es que se han convertido, además, en una banda de delincuentes.

La excusa de la obediencia debida

He visto policías aporreando a indefensos ciudadanos por ejercer su derecho a manifestarse.

He visto a un policía ensañarse con un detenido y meterle los dedos en el ojo sin ningún motivo. Y a otro policía pisar la mano a un detenido cuando ya estaba inmovilizado. En ambos casos, sin necesidad, sólo por puro ensañamiento.

He visto policías actuar sin identificación (de uniforme y sin uniforme). Y he visto cómo han agredido a un ciudadano simplemente por pedirles el número de su placa, y no se lo han dado, pese a estar obligados a ello. Esto me hace pensar si realmente son policías o son unos incontrolados camuflados.

He visto a policías de uniforme detener a policías infiltrados. Y me gustaría que alguien me lo aclare: ¿los detenían por alborotadores? Porque, si es así, está claro que los policías infiltrados estaban provocando. ¿O es que los de uniforme detenían a manifestantes pacíficos? Porque, si es así, está claro que los policías de uniforme estaban provocando. A mí no se me ocurre una tercera explicación.

He visto a policía agredir a informadores, conculcando así uno de los derechos más sagrados: la libertad de información. Es evidente que, quien así actúa, lo hace porque le molesta que se sepa lo que está haciendo, porque es consciente de su iniquidad.

He oído decir que han cargado contra los manifestantes porque había entre ellos algunos violentos. Y eso me parece una falta total de profesionalidad. La labor de la policía es detener a quien infringe la ley y defender a quienes actúan dentro de la legalidad, como eran la mayoría de los manifestantes. Es como pretender que, ante un asesinato, se condene a toda la comunidad de vecinos en la que vive el asesino. Desde luego, es mucho más fácil que investigar quién es el culpable, pero es algo inaceptable. Como las cargas indiscriminadas.

He visto a un policía detener a una persona por leer la Constitución. Está claro que, cuando se está por saltarse la ley, molesta que te la recuerden.

He oído a los sindicatos policiales y a los responsables políticos defender todas esas arbitrariedades e incluso jactarse de ellas. Y eso es aún más grave cuando proviene de unos representantes políticos falsarios, que han llegado al poder mintiendo, con falsas promesas, con un programa que han incumplido desde el primer momento, pese a lo cual se niegan a devolver la soberanía al pueblo que cayó en su engaño. Y una policía que, con la excusa de la obediencia debida, recibe órdenes de quien sea, aun a sabiendas de su ilegitimidad. Y, lo que es aún más grave, se jacta de sus actuaciones, cuando debería avergonzarse de ellas.

25-S: aclarando algunos conceptos

A raíz de las manifestaciones de ayer en Madrid, se han podido oír algunas cosas que me gustaría aclarar:

He leído a alguien que dice que los manifestantes pretenden ganar en la calle lo que no han ganado en las urnas. Pero esto no es así. En las urnas se ha votado un programa electoral con el que podemos estar o no de acuerdo, pero que en estos momentos nadie está cumpliendo. Con toda la desfachatez del mundo, los representantes elegidos por el pueblo se han erigido en nuevos mesías que deciden lo que viene mejor a sus súbditos. Esto, se quiera o no, es una tiranía disfrazada. Presentarse como tiranía no vende en nuestra sociedad actual. Hay que utilizar un disfraz. Y están utilizando el disfraz de demócratas.

Los votos obtenidos en las urnas no les legitiman para hacer todo lo que se les ocurra. Únicamente les legitima para llevar adelante un programa que es por el que han obtenido el respaldo popular. En el momento en que lo incumplen, estamos totalmente legitimados para salir a la calle. Incluso la inicialmente anunciada "toma" del congreso sería más legal que su persistencia en mantenerse al frente del gobierno.

Se ha pretendido hacer las cosas de una manera "suave". Pero ellos necesitan infundir miedo. Las tiranías se mantienen en el poder mediante el terror. Si ayer no pasa nada, es probable que más gente se anime a salir a la calle a denunciar la estafa electoral sufrida. Y eso no lo pueden permitir, porque no son demócratas.

También he oído de todo con respecto a los funcionarios policiales que han disuelto las manifestaciones. Me pongo en su lugar (es difícil, porque siempre que hemos coincidido me ha tocado estar al otro lado de la barricada) y llego a entender que su situación es difícil, que tienen que cumplir órdenes... Y también entiendo que no todos actúan igual, que hay algunos que parece que disfrutan agrediendo a su pueblo.

Hace muchos años me tocó enfrentarme más de una vez con la policía franquista. Ahí sí que no había disculpa posible. El que entraba en la policía, o era muy tonto (que también los había en abundancia) o sabía que entraba en un cuerpo represivo al servicio de la dictadura. Eran matones a sueldo. Sin más.

Ahora, sin embargo, supongo que más de uno se ha hecho policía pensando en defender la democracia. Pues quienes así piensan tienen que saber que la democracia, ayer, estaba del lado de los manifestantes a los que estaban agrediendo. La policía actual tiene mecanismos de defensa, tiene sindicatos que deberían actuar y no permanecer callados: que sepan que ayer estuvieron defendiendo a un gobierno que, al incumplir su programa electoral está incumpliendo el mandato del pueblo soberano y se está colocando fuera de la legalidad. No me vale decir que las leyes los amparan. El actual gobierno es ilegal en una democracia. Ha engañado a sus votantes y, por lo tanto, al pueblo soberano. Se que suena duro y que puede que hasta demagógico, pero hoy por hoy, el actual gobierno es ilegal y estamos legitimados para hacer todo lo posible por derribarlo.

Los grandes defraudadores son como los genocidas

Nuestro país está atravesando graves dificultades económicas. Pero resulta que hay mucho dinero escondido de forma fraudulenta, dinero que se oculta al fisco y, por tanto, se nos oculta a todos los españoles.

Hace unos meses, el Gobierno tuvo la idea de promulgar una amnistía fiscal. Es decir que todos los defraudadores que contaban con dinero negro, podían blanquearlo pagando sólo un 10 por ciento, en lugar de lo que realmente les habría correspondido.

Sin embargo, y según parece, sólo ha aflorado un 2% de la cantidad que el gobierno había previsto.

A la vista de esto yo creo que la estrategia ha sido equivocada. Los delincuentes de cuello blanco han tomado al gobierno por el pito de un sereno. Y hay que tomar medidas reales para que esto se solucione. Por ejemplo, endurecer la ley y acelerar los procesos judiciales. Un gran defraudador nos está privando de fondos importantes que podrían destinarse (o más bien, que deberían destinarse) a los servicios públicos. Hay ciudadanos que van a perder su asistencia sanitaria o la van a ver retrasada hasta límites insoportables para su salud; ciudadanos que, hay que decirlo, van a morir por falta de atención, debida a la falta de recursos económicos de la Administración...

No creo ser demagogo si culpo a estos grandes defraudadores de la muerte de muchas personas. Por lo tanto, su delito debería equipararse a delitos mayores, como el de genocidio. Sé que suena duro, pero hay que mirar las cosas de una forma global: desde las consecuencias hasta su origen.

Hay que cambiar la percepción de las cosas. Estos grandes defraudadores son grandes delincuentes y deben pagar su delito con penas de cárcel.

Hay que recordar aquí el caso sangrante de Hervé Falciani. Falciani trabajaba para el banco suizo HSBC, uno de los mayores refugios de cuentas opacas en las que se ocultan los grandes defraudadores de todo el mundo. Pues Falciani tuvo la osadía de hacer públicos los datos de 80.000 clientes de este banco que incumplían sus obligaciones fiscales en sus respectivos países. Curiosamente, la familia Botín, coincidiendo con este evento, regularizó su situación de forma voluntaria e ingresó a las arcas de todos los españoles 200 millones de euros que, al parecer, habían "distraído".

Pues bien, Falciani tuvo que huir de su país y fue detenido en Barcelona el 1 de julio. Y desde entonces se encuentra en prisión, porque Suiza ha solicitado su extradición.

Falciani, que ha conseguido que España y otros muchos estados recuperen parte del dinero que los delincuentes de cuello blanco se habían llevado, paga su acción con la cárcel, mientras que esos delincuentes siguen en la calle buscando nuevos refugios para los frutos de su latrocinio. Y esto es así porque saben que lo más probable es que su delito les salga gratis.

El Sindicato Andaluz de Trabajadores y la Constitución

Este verano, el Sindicato Andaluz de Trabajadores ha alcanzado una importante notoriedad pública, y no sólo en nuestro país. Las imágenes de un diputado autonómico ocupando fincas, expropiando alimentos... han dado la vuelta al mundo. Numerosos debates se han centrado en estas actuaciones, con opiniones para todos los gustos. En estas líneas me gustaría observar estos acontecimientos a la luz de la Constitución española.

Una Constitución democrática es el pueblo quien se la otorga. El pueblo es soberano y sus decisiones son inapelables. Pero las constituciones no son inamovibles, porque las circunstancias políticas, sociales, económicas... cambian con el paso del tiempo.

La Constitución española actual fue aprobada en 1978, es decir, hace casi 34 años. Y son años en las que han cambiado muchas cosas, pese a lo cual sólo se ha sometido a ligeros cambios, alguno de los cuales sería incluso dudosamente constitucional. Es hora, por tanto, de someterla a una revisión.

Sin embargo, más importante que la revisión podría ser que lo previsto en la actual constitución se cumpliese. Que existan mecanismos para exigir su cumplimiento, y que no quede en papel mojado.

Si empezamos por su preámbulo, en el mismo se establece la voluntad de "promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida". Y es obvio que hoy en día hay muchos ciudadanos españoles que no tienen una calidad de vida que se pueda considerar digna.

Pero vamos a echar un vistazo rápido a unos pocos artículos de la Constitución. Y vamos a dejar en claro que todas las instituciones, y en concreto el gobierno, están obligadas a cumplir y hacer cumplir la Constitución:

Artículo 35. 1.: "Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo".

Es decir que este artículo obliga a que todos los ciudadanos, sin distinción, tengan una remuneración suficiente. Esto es algo a lo que el Gobierno está obligado, y no puede delegar en ONGs ni en las familias, como pretende al quitar el subsidio a quienes viven con sus padres. Pero es que, además, la prestación por desempleo es una perversión de este artículo que, lo que exige es que se facilite un empleo a cada ciudadano. La prestación por desempleo es, por tanto, una especie de indemnización, obligatoria para la Administración, que en realidad está obligada a proporcionar a cada ciudadano un trabajo y una remuneración suficiente.

Artículo 47.: "Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación".

En base a este artículo, deberían establecerse mecanismos para expropiar a sus promotores todas aquellas viviendas cuyo origen se encuentre en una especulación del suelo y establecer los mecanismos compensatorios o indemnizatorios para aquellos que adquirieron una vivienda con un precio sobredimensionado a causa de esa especulación.

Por otra parte, deberían declararse ilegales los deshaucios en tanto que a los desahuaciables no se les facilite una vivienda "digna y adecuada". Esto cobra mayor importancia si se tiene en cuenta, primero, que muchos de los desahucios se deben a que las viviendas fueron adquiridas a un precio sobredimensionado debido a la especulación y, segundo, que muchos ciudadanos se ven en la imposibilidad de hacer frente a su deuda o al pago del alquiler por el incumplimiento del artículo 35. 1, citado con anterioridad. Es decir, que es el propio Gobierno, al no exigir el cumplimiento de ese artículo, el que coloca a numerosas familias en la calle, incumpliendo así un nuevo mandato constitucional.

Artículo 128. 1. "Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general".

En tiempos de crisis como los que estamos viviendo, este artículo faculta al Estado a hacerse cargo de tierras improductivas para entregarlas a quienes sí las van a cultivar; a impedir que los grandes distribuidores fijen los precios de compra de los productos básicos y que hagan un uso tan pernicioso de esos productos que se concreta en que cada año esos mismos distribuidores tiren a la basura más de 4 toneladas de alimentos, la mayor parte de los cuales servirían para alimentar a muchas personas necesitadas. Y todo ello con el único fin de mantener unos precios que les aseguren unos beneficios de escándalo, aun a costa del hambre de muchas personas. También facultaría al Gobierno, por ejemplo, para fijar impuestos especiales para las grandes fortunas.

Artículo 130.: "1. Los poderes públicos atenderán a la modernización y desarrollo de todos los sectores económicos y, en particular, de la agricultura, de la ganadería, de la pesca y de la artesanía, a fin de equiparar el nivel de vida de todos los españoles. 2. Con el mismo fin, se dispensará un tratamiento especial a las zonas de montaña".

La clave de este artículo está en la palabra equiparar. Es imposible equiparar nivel de vida cuando el número de parados sin subsidio aumenta, mientras se toleran sueldos indecentes en los sectores implicados en la especulación, como la banca.

Visto lo anterior, la pregunta es: ¿Quién se encuentra más claramente fuera de la ley: el gobierno que ignora claros mandatos constitucionales o quienes por su propia iniciativa desarrollan acciones -ocupación de fincas, expropiación de alimentos- en el sentido que establece la Constitución?

El pueblo soberano

Elecciones en el País Vasco. Todos los partidos empiezan ya con su lista de promesas. La actualidad informativa empieza a estar copada por actos simbólicos. Lo que no han hecho en mucho tiempo lo quieren hacer ahora en cuatro días. Inauguraciones, mítines, tomas de posesión, besos a niños...

¿Tiene sentido todo esto? ¿No es otro gasto innecesario?

Entiendo que hace 35 años, cuando los partidos venían de cuatro décadas de prohibición, tal vez fuese necesario darse a conocer de esta forma. Pero hoy en día, todos nos conocemos. El día a día de los partidos lo podemos seguir en los medios de comunicación tradicionales o en internet.

¿Qué sentido tiene hoy un mitin al que ya sólo acuden los convencidos?

También entiendo que, con el actual sistema, los partidos echen el resto para conseguir arañar un voto, ya que lo van a tener cautivo durante los próximos cuatro años. Entonces, ese es el problema. Como comentaba en una entrada anterior, con los medios técnicos actuales, el voto no debería ser cautivo, sino que podría cambiar cuando el votado nos defrauda. Es decir, que las instituciones estarían siempre actualizadas al gusto del pueblo. Tomas de postura contrarias al sentir de los electores serían inmediatamente penadas con un descenso de la representatividad.

Y se evitarían las tediosas campañas electorales. Lo cual nos ahorraría tiempo y dinero. La campaña electoral sería, simplemente, la actividad cotidiana. Ya no se trataría de decir "voy a hacer esto y lo otro", sino de demostrar "estoy haciendo esto y lo otro". Y si los ciudadanos que te han votado están conformes, mantendrás su confianza e incluso podrás ganar la de otros que no habían creído en tu programa. Pero si actúas en contra del sentir de tus votantes, perderás su confianza. Y la puedes perder de un día para otro.

Hoy en día hay mucha gente que se dice desencantada de la política. Y no me extraña. Salvo los muy devotos de un partido, que aceptan con resignación sus vaivenes programáticos, el resto ve que su voto sólo sirve para encumbrar a una fuerza política que durante los próximos años va a hacer y deshacer a su antojo, incluso en contra de los principios por los que les otorgó su confianza.

El voto instantáneo, como se explica en http://estoesdemocracia.blogspot.com.es/, permitiría a toda esa masa social percibir que nuevamente se le tiene en cuenta, que su opinión sirve, que, en fin, son los que mandan, son el pueblo soberano.

Votar todos los días

El actual sistema electoral mantiene nuestro voto cautivo durante 4 años; es decir, 48 meses; es decir. 1.461 días. Sin embargo, las situaciones cambian constantemente, a veces de un día para otro. Muchas veces los políticos tienen que tomar decisiones sobre aspectos que no estaban tratados en su programa electoral o que estaban tratados de forma muy superficial. Y muchas veces también resulta que las decisiones que toma el partido que hemos votado no coinciden con lo que nosotros pensamos. Pero, sin embargo, no podemos hacer nada porque nuestro voto es inamovible.

Así, suele suceder que los mayores incumplimientos del programa se dan al principio del mandato, porque tienen mucho tiempo por delante para que se olvide todo. De hecho, cuando se aproximan las elecciones, vuelven a prometer cosas que son del gusto de sus potenciales electores.

Todo ello es fruto de un sistema decimonónico que perdura en el tiempo. No se ha ido adaptando, porque a los que mandan no les ha interesado. Están cómodos con el sistema, que les beneficia.

Pero en plena era de Internet, estamos en condiciones de cambiar ese sistema obsoleto. Y, con ello, de conseguir que los políticos, nuestros gobernantes que, al fin y al cabo son nuestros empleados, estén realmente a nuestro servicio, y no como en la actualidad en la que tenemos la sensación de que ellos mandan y nosotros obedecemos.

El sistema que quiero proponer aquí es un sistema de elección dinámico. Es decir, que el voto de cada ciudadano puede cambiar de un día para otro, como cambian las circunstancias de la vida política.

Por supuesto, no se trata de celebrar elecciones cada día, sino de implantar un sistema electoral basado en Internet, de forma que cada ciudadano, con su DNI electrónico, por ejemplo, y sus claves, pueda tener acceso a su voto y modificarlo cuando lo considere conveniente. Todo ello debería realizarse mediante un sistema que asegure el secreto del voto, pero que permita, de una forma verificable, saber en cada momento el número de ciudadanos que están otorgando su confianza a cada partido.

Habría que establecer en cada ayuntamiento lugares públicos donde poder ejercer el voto, para quien no pueda o no quiera hacerlo desde su propio ordenador.

Si esta idea se combina con la anterior, se obtiene un sistema en el que, en el momento de efectuar las votaciones, se sabría exactamente cuántos ciudadanos respaldan la propuesta. Es decir que cada votación sería una especie de referendum.

Un parlamento más racional

Uno de los principales problemas que tenemos en España es la superabundancia de políticos profesionales, que cobran del erario público (es decir, de todos nosotros) cantidades insultantes por un trabajo que muchas veces se limita a acudir de vez en cuando al parlamento (o a la institución para la que han sido elegidos) y votar lo que les manda el partido.

Cualquiera con dos dedos de frente puede darse cuenta de que estamos despilfarrando recursos de una manera bestial. Los políticos están infrautilizados y la mayoría de ellos no justifica, ni de lejos, su sueldo.

El sistema representativo del que nos hemos dotado tiene fallos evidentes, pero nadie se ha atrevido hasta ahora a acometer las soluciones a los mismos. Recientemente se ha empezado a hablar de reducir el número de parlamentarios en algunas cámaras autonómicas. Pero eso no es suficiente. Y, además, no es justo, porque va a potenciar más el que los partidos pequeños se queden sin voz.

Yo me atrevo a proponer una solución o, más bien, un punto de partida desde el cual buscar una solución:

Para poner el ejemplo voy a utilizar cifras ficticias. Vamos a pensar en que hay 10 millones de votantes, que eligen un parlamento formado por 100 representantes. Y que cada representante tenga una asignación mensual (entre sueldo, subvenciones y gastos varios, de 10.000 euros). De los 10 millones de potenciales votantes, han votado 7 millones, de forma que el partido A ha obtenido 3 millones; el partido B, 2 millones; el partido C, 990.000; el partido D; 495.000 y el otro medio millón largo se lo reparten entre diversos partidos, ninguno de los cuales llega al 5% de los votos. Pues bien, según el sistema actual. el partido A tendría 48 representantes; el partido B, 32; el partido C, 14; y el partido D, 6.

Es decir, que el partido A, al que han votado un 30% de los posibles electores, tendría un 48% de la representación parlamentaria. Y lo mismo sucede con el resto de los partidos, cuya representación es superior al porcentaje de sus votantes. Pero, además, nos encontramos con 100 políticos, que van a gastar un millón de euros al año, para defender sólo cuatro puntos de vista.

Pues la propuesta es la siguiente (e insisto en que las cifras son supuestas y habría que estudiar más detenidamente las reales): El parlamento no se forma con 100 parlamentarios, sino con cuatro equipos de parlamentarios: A, B, C y D. Cada uno lo forman el número de personas que considere cada partido, pero siempre teniendo en cuenta que el grupo va a recibir una subvención mensual en base al número de votos recibido. Pongamos que, por cada voto, se obtiene un céntimo al mes. Es decir, que el partido A recibiría 30.000 euros; el B, 20.000; el C, 9.900; y el D, 4.950. Con ese dinero tendrían que pagar el sueldo de un representante del partido y los asesores que necesite (permanentes o puntuales, cuando el tema a tratar se lo exija). Es decir, que nos habríamos ahorrado un 93,50% del gasto de los representantes de la institución. Tendríamos un parlamento formado por cuatro personas.

Y, a la hora de votar, la cuestión es sencilla. El voto de cada uno valdría tanto como el número de electores que han depositado su confianza en ese partido.

Por supuesto, habría que estudiar a fondo las cifras, pero no cabe duda que supondría un ahorra importantísimo. También habría que estudiar la cifra de corte para acceder al parlamento (ahora es el 5% en algunas instituciones y el 3% en otras). Este sistema permitiría también pactos a posteriori que darían más fluidez al debate político. Por ejemplo, si se fija el corte en un 3%, podrían aliarse dos partidos que hubiesen obtenido, por ejemplo, un 2% cada uno, y pasarían a tener un representante conjunto y a tener voz en el parlamento.

En realidad no se trata de ningún despropósito, sino de llevar la lógica a las instituciones: que funcionen como una especie de consejo de administración de una empresa.

Imaginemos un pleno del parlamento con cuatro participantes (tampoco hay que imaginar mucho, ya que hay veces que el resto sólo aparece cuando llaman a votar). No sólo se ahorraría en sueldos, sino en papel, electricidad, personal...

Y a esto habría que sumarle otras medidas de racionalización, como la desaparición del Senado, por ejemplo.

El robo en el taller y el programa electoral

Vamos a hacer un ejercicio de imaginación:

Un día, según voy por la calle, veo un taller automovilístico en el que anuncian lo siguiente: "revisión completa del vehículo, cambio de pastillas de freno, cambio de limpiaparabrisas, cambio de bujías, cambio de aceite, reposición de todos los niveles y limpieza interior". Todo ello por 20 euros.

Como resulta que a mi coche le vendría bien todo eso y el precio me parece muy económico, llevo el coche al taller. Pero cuando lo voy a recoger me dicen que tengo que pagar 500 euros, pero que no me han hecho lo que decía el anuncio. En lugar de eso me han quitado la rueda de repuesto, las alfombrillas y la radio. La disculpa es que la situación está muy mal y que algo tienen que hacer para mantener el negocio.

Lógicamente, me sentiría engañado y esperaría que la justicia se pusiese de mi lado, pues la publicidad tiene validez como contrato. A nadie se le pasaría por la cabeza pensar que la ley iba a permitir semejante desfachatez.

Y, sin embargo, sí la permite.

Ahora ya no tenemos que imaginar nada. Simplemente tenemos que leer el programa electoral del PP en las últimas elecciones generales. En realidad, ni siquiera hace falta leerlo, ya que el propio presidente lo reconoce. Más o menos viene a decir lo mismo que el del taller imaginario: "que la situación está muy mal y que algo tienen que hacer para mantener el negocio".

Y, al parecer, la ley se lo permite. Yo creo que el poder judicial debería actuar de oficio contra este engaño, este incumplimiento de contrato. No puede ser que cualquier partido político llegue al poder con unas promesas y, a pesar de no cumplirlas, tenga la desfachatez de mantenerse al frente del país. Las elecciones no son una carta blanca para que el vencedor haga y deshaga lo que le parezca. No votamos a los candidatos en base a su cara bonita, sino en base a un programa, a una oferta que nos hacen a los ciudadanos. Si no la pueden cumplir, deberían cesar de forma inmediata, en cuanto sean conscientes de ello.

Ahora salen con la disculpa de que no conocían bien la situación y por eso prometieron cosas que luego han visto que no podían llevar adelante.

En las subastas públicas existe una figura que se llama "baja temeraria". No soy experto en el tema, pero por lo que conozco viene a ser algo así como presentar ofertas difíciles de cumplir con el único fin de hacerse con el trabajo, aun a sabiendas de que se va a hacer de una forma deficiente. Yo creo que eso mismo está pasando en nuestra clase política y, si no se toman medidas para evitarlo, nos vamos a encontrar con que va a ser imposible saber si lo que nos están ofreciendo en campaña tiene algún viso de convertirse en realidad o simplemente es una trampa para incautos.

El objetivo de este blog es descubrir los fallos del sistema y proponer cambios. Seguro que somos muchos los que queremos sanear esta democracia, que cada día está más putrefacta. Yo voy a aportar mis ideas, y abro estas páginas a todas las ideas que vayan en el mismo camino.

Y como primera idea, propongo una ley por medio de la cual los partidos que se presenten a las elecciones tengan que certificar su programa electoral y estén obligados a cumplirlo. En la propia ley se deberían establecer duras sanciones en los casos de incumplimiento. Y, por supuesto, la obligación de cesar en el ejercicio del cargo.

Lo anterior no tiene mayor problema cuando un partido alcanza la mayoría absoluta, como sucede actualmente: o cumple o no cumple (como sucede actualmente). El problema viene cuando se forman gobiernos de coalición, en los que es necesario pactar. Supongo que habrá otras ideas, pero a mí se me ocurre que el resultado del pacto se someta a referéndum. Sería una forma de que el pueblo soberano participe de ese toma y daca y dé el visto bueno final.