Uno de los principales problemas que tenemos en España es la superabundancia de políticos profesionales, que cobran del erario público (es decir, de todos nosotros) cantidades insultantes por un trabajo que muchas veces se limita a acudir de vez en cuando al parlamento (o a la institución para la que han sido elegidos) y votar lo que les manda el partido.
Cualquiera con dos dedos de frente puede darse cuenta de que estamos despilfarrando recursos de una manera bestial. Los políticos están infrautilizados y la mayoría de ellos no justifica, ni de lejos, su sueldo.
El sistema representativo del que nos hemos dotado tiene fallos evidentes, pero nadie se ha atrevido hasta ahora a acometer las soluciones a los mismos. Recientemente se ha empezado a hablar de reducir el número de parlamentarios en algunas cámaras autonómicas. Pero eso no es suficiente. Y, además, no es justo, porque va a potenciar más el que los partidos pequeños se queden sin voz.
Yo me atrevo a proponer una solución o, más bien, un punto de partida desde el cual buscar una solución:
Para poner el ejemplo voy a utilizar cifras ficticias. Vamos a pensar en que hay 10 millones de votantes, que eligen un parlamento formado por 100 representantes. Y que cada representante tenga una asignación mensual (entre sueldo, subvenciones y gastos varios, de 10.000 euros). De los 10 millones de potenciales votantes, han votado 7 millones, de forma que el partido A ha obtenido 3 millones; el partido B, 2 millones; el partido C, 990.000; el partido D; 495.000 y el otro medio millón largo se lo reparten entre diversos partidos, ninguno de los cuales llega al 5% de los votos. Pues bien, según el sistema actual. el partido A tendría 48 representantes; el partido B, 32; el partido C, 14; y el partido D, 6.
Es decir, que el partido A, al que han votado un 30% de los posibles electores, tendría un 48% de la representación parlamentaria. Y lo mismo sucede con el resto de los partidos, cuya representación es superior al porcentaje de sus votantes. Pero, además, nos encontramos con 100 políticos, que van a gastar un millón de euros al año, para defender sólo cuatro puntos de vista.
Pues la propuesta es la siguiente (e insisto en que las cifras son supuestas y habría que estudiar más detenidamente las reales): El parlamento no se forma con 100 parlamentarios, sino con cuatro equipos de parlamentarios: A, B, C y D. Cada uno lo forman el número de personas que considere cada partido, pero siempre teniendo en cuenta que el grupo va a recibir una subvención mensual en base al número de votos recibido. Pongamos que, por cada voto, se obtiene un céntimo al mes. Es decir, que el partido A recibiría 30.000 euros; el B, 20.000; el C, 9.900; y el D, 4.950. Con ese dinero tendrían que pagar el sueldo de un representante del partido y los asesores que necesite (permanentes o puntuales, cuando el tema a tratar se lo exija). Es decir, que nos habríamos ahorrado un 93,50% del gasto de los representantes de la institución. Tendríamos un parlamento formado por cuatro personas.
Y, a la hora de votar, la cuestión es sencilla. El voto de cada uno valdría tanto como el número de electores que han depositado su confianza en ese partido.
Por supuesto, habría que estudiar a fondo las cifras, pero no cabe duda que supondría un ahorra importantísimo. También habría que estudiar la cifra de corte para acceder al parlamento (ahora es el 5% en algunas instituciones y el 3% en otras). Este sistema permitiría también pactos a posteriori que darían más fluidez al debate político. Por ejemplo, si se fija el corte en un 3%, podrían aliarse dos partidos que hubiesen obtenido, por ejemplo, un 2% cada uno, y pasarían a tener un representante conjunto y a tener voz en el parlamento.
En realidad no se trata de ningún despropósito, sino de llevar la lógica a las instituciones: que funcionen como una especie de consejo de administración de una empresa.
Imaginemos un pleno del parlamento con cuatro participantes (tampoco hay que imaginar mucho, ya que hay veces que el resto sólo aparece cuando llaman a votar). No sólo se ahorraría en sueldos, sino en papel, electricidad, personal...
Y a esto habría que sumarle otras medidas de racionalización, como la desaparición del Senado, por ejemplo.
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