Emilio Hellín: de asesino a asesor

Emilio Hellín Moro es un nombre que sólo con oírlo me causa escalofríos. Un asesino frío, sin escrúpulos que fue capaz de matar a una joven de 19 años cuyos únicos delitos eran los de ser vasca, ser mujer y querer que la democracia se asentase en nuestro país.

Yolanda era una joven tímida y trabajadora. Tuve la suerte de conocerla y colaborar con ella en su barrio de Deusto en diferentes actividades culturales, en las que ella se implicaba como la que más. Y tuve que llorar su asesinato.

La vida pasa y, querámoslo o no, las cosas y las personas con las que perdemos el contacto, se van olvidando. Pero de repente pueden volver a nuestra memoria y pueden hacernos revivir hechos dolorosos.

El otro día, cuando leí en "El País" que Emilio Hellín Moro se había convertido en asesor de diferentes cuerpos policiales, entre ellos la Ertzaintza, una profunda indignación recorrió todo mi cuerpo. Indignación que se acrecentó al leer el historial carcelario del sujeto. Condenado a 43 años de cárcel, a los 10 meses se fugó junto con un grupo de presos comunes, pero fue detenido a las pocas horas.

Un tiempo después volvió a intentar fugarse durante un traslado de la cárcel de Herrera de la Mancha a la de Cartagena, pero no lo consiguió. Pese a todo y a estar clasificado como preso peligroso, estando en la cárcel de Zamora, el juez de vigilancia penitenciaria de Valladolid, José Donato, le concedió un permiso de seis días (hay que decir que era el cuarto permiso que se le concedía, a pesar de sus antecedentes). Pues Hellín lo aprovechó para fugarse a Paraguay donde, bajo la protección del régimen ultraderechista Alfredo Stroessner, estuvo tres años e incluso montó su propio negocio, asesorando a las fuerzas armadas y policiales paraguayas en temas de su especialidad, como el control de conversaciones telefónicas. Un periodista de "Interviu" lo localizó y consiguió que lo detuviese la Interpol, extraditándolo finalmente a España.

Condenado a 43 años en 1982, 14 años después ya se encontraba en libertad, pese a los años que había estado huido. Precisamente, en 1996 se cambia el nombre por el de Luis Enrique, algo que le concede el Registro Civil de Madrid sin que haya ningún motivo para ello, pese a que el cambio de nombre necesita argumentar motivos de algún tipo. Y en algunos de sus documentos añade una g al final de su apellido, presentándose como Luis Enrique Helling. No tengo ninguna prueba para ello, pero me atrevería a afirmar que los años que pasó en la cárcel recibió un trato de favor. No en vano en el asesinato aparecieron implicados no solo miembros de la extrema derecha, concretamente de Fuerza Nueva, sino de los Cuerpos de Seguridad del Estado..

Considero que todo el mundo tiene derecho a reinsertarse, pero estamos exigiendo que los miembros de ETA pidan perdón por sus crímenes; estamos aplicando doctrinas dudosamente legales para prolongar sus estancias en la cárcel y nos encontramos con la historia de este asesino convicto y confeso, que a todas luces no ha pagado por su crimen y tiene la desfachatez de montar una empresa que trabaja para las fuerzas policiales. Y a pesar de todos los pesares nos lo volvemos a encontrar, como un fantasma del pasado, trabajando para las fuerzas de seguridad y cobrando de todos los españoles, de toda la sociedad con la que, según mi opinión, sigue teniendo una deuda.

Quien quiera más información puede encontrarla en http://yolglez.wordpress.com/, donde también puede encontrar enlaces para páginas en las que firmar para que este asesino no siga a sueldo de todos los españoles.

Todos a la cárcel

El título de esta película de Berlanga es lo primero que me viene a la cabeza estos últimos días, cada vez que veo los informativos.

Hoy no me resisto a escribirlo, a dejar constancia de mi indignación. Según escucho, el popular Bárcenas (popular sobre todo entre los que recibían sus sobres cada mes), repartía dinero a mansalva entre altos cargos de su partido. Cantidades que oscilaban entre 5.000 y 15.000 euros al mes (dicen que esta última cifra sólo la recibía una persona; me vienen varios nombres a la cabeza, pero por el momento, prefiero que sigan ahí).

Ahora todos sus compañeros de partido niegan ser parte de ese latrocinio, de ese reparto que, según se dice, provenía de las comisiones ilegales que se cobraban por adjudicaciones de obras y servicios públicos y  que luego Bárcenas repartía según un criterio ignoto para quien esto escribe pero que me permito sospechar que no sería el propio tesorero el que decidiese el reparto, sino alguien que estuviese por encima suyo en el escalafón del partido.

Es curioso también que Bárcenas, del que ahora muchos reniegan y dicen que hace dos años que no ocupa ya ese puesto, tenga un despacho en la sede de Génova del PP, en el que guarda una documentación que, dicen, es suya y del partido. Y también es curioso que nadie haya ordenado precintar ese despacho para evitar que esa documentación desaparezca, por si alguno de los papeles pudiera incriminar a alguien.

Al principio hacía referencia a "Todos a la cárcel". Pero es que también desconfío de ese título, al enterarme de que la gran mayoría de los indultos que ha promulgado el gobierno en los últimos años han sido a acusados por delitos cuyas víctimas hemos sido todos, es decir, prevaricaciones fundamentalmente. Bueno, hay excepciones, como la reciente del conductor suicida al que se ha indultado y en el que se da la casualidad de que su abogado defensor es compañero del despacho del hijo del ministro de Justicia. La dureza del rostro del ministro llega al punto de que el propio ministro de Interior se haya sentido molesto con el insulto (perdón, el indulto). Espero que, por lo menos, a este indultado no le den también un sueldo de la Administración como en el caso de Carromero.

La banda de Rajoy roba a los pensionistas

En un ejercicio de cinismo y abuso de poder, Rajoy acaba de robar parte de su pensión a los jubilados. Con total descaro, Fátima Báñez se atreve a decir que "vamos a pedir la colaboración de nuestros mayores", cuando lo que han hecho es abrirles el bolsillo y quitarles parte de sus, en general, escasos emolumentos.

Hay que dejar claro que la pensión no es un regalo. Durante muchos años, los trabajadores van aportando un dinero. Lo lógico sería que ese dinero quede en un fondo intocable por parte de las autoridades y generando los correspondientes intereses para que, alcanzada la jubilación, el pensionista pueda seguir teniendo unos ingresos.

Es el mecanismo de los fondos de pensiones o de las entidades de previsión social voluntaria que existen en muchos países. En estos casos, son organizaciones ajenas al gobierno las que gestionan ese dinero. Por supuesto, el mecanismo es algo más complejo: parte del dinero se destina a una especie de seguro para cubrir pensiones adelantadas (invalidez...) y la pensión se calcula en función de la esperanza de vida. Es decir que los más longevos se compensan con los que fallecen antes.

Pero, a lo que vamos, es que es un dinero propiedad de quienes lo aportan. Y sería impensable que el gobierno meta mano a ese dinero que no es suyo.

En nuestro caso, como todo está más difuminado, pretenden hacernos creer que es una especie de caridad y el gobierno puede hacer y deshacer según le convenga. Y no es así. No subir el importe que corresponde a las pensiones es simple y llanamente un robo. Y es un robo a las personas más desprotegidas. La situación es aún más grave, si tenemos en cuenta que mientras el gobierno roba con una mano el dinero de los pensionistas, con otra mano se muestra generoso con la banca o la iglesia, por poner dos ejemplos. Es la clásica situación del que invita con dinero ajeno. ¡Qué bien hemos quedado! ¡Hemos rescatado a los bancos! ¡Estamos manteniendo a la Iglesia!

En justicia, parte de esos bancos y parte de las iglesias pertenecen ahora a los pensionistas. Algún juez debería, de oficio, tramitarlo. No se puede consentir que un gobierno robe descaradamente a millones de personas con el beneplácito de la justicia. Porque a estas alturas lo más grave no es que el gobierno haya mentido. Lo de que no iba a tocar las pensiones es su enésima mentira. Lo más grave es que se han convertido, además, en una banda de delincuentes.

La excusa de la obediencia debida

He visto policías aporreando a indefensos ciudadanos por ejercer su derecho a manifestarse.

He visto a un policía ensañarse con un detenido y meterle los dedos en el ojo sin ningún motivo. Y a otro policía pisar la mano a un detenido cuando ya estaba inmovilizado. En ambos casos, sin necesidad, sólo por puro ensañamiento.

He visto policías actuar sin identificación (de uniforme y sin uniforme). Y he visto cómo han agredido a un ciudadano simplemente por pedirles el número de su placa, y no se lo han dado, pese a estar obligados a ello. Esto me hace pensar si realmente son policías o son unos incontrolados camuflados.

He visto a policías de uniforme detener a policías infiltrados. Y me gustaría que alguien me lo aclare: ¿los detenían por alborotadores? Porque, si es así, está claro que los policías infiltrados estaban provocando. ¿O es que los de uniforme detenían a manifestantes pacíficos? Porque, si es así, está claro que los policías de uniforme estaban provocando. A mí no se me ocurre una tercera explicación.

He visto a policía agredir a informadores, conculcando así uno de los derechos más sagrados: la libertad de información. Es evidente que, quien así actúa, lo hace porque le molesta que se sepa lo que está haciendo, porque es consciente de su iniquidad.

He oído decir que han cargado contra los manifestantes porque había entre ellos algunos violentos. Y eso me parece una falta total de profesionalidad. La labor de la policía es detener a quien infringe la ley y defender a quienes actúan dentro de la legalidad, como eran la mayoría de los manifestantes. Es como pretender que, ante un asesinato, se condene a toda la comunidad de vecinos en la que vive el asesino. Desde luego, es mucho más fácil que investigar quién es el culpable, pero es algo inaceptable. Como las cargas indiscriminadas.

He visto a un policía detener a una persona por leer la Constitución. Está claro que, cuando se está por saltarse la ley, molesta que te la recuerden.

He oído a los sindicatos policiales y a los responsables políticos defender todas esas arbitrariedades e incluso jactarse de ellas. Y eso es aún más grave cuando proviene de unos representantes políticos falsarios, que han llegado al poder mintiendo, con falsas promesas, con un programa que han incumplido desde el primer momento, pese a lo cual se niegan a devolver la soberanía al pueblo que cayó en su engaño. Y una policía que, con la excusa de la obediencia debida, recibe órdenes de quien sea, aun a sabiendas de su ilegitimidad. Y, lo que es aún más grave, se jacta de sus actuaciones, cuando debería avergonzarse de ellas.

25-S: aclarando algunos conceptos

A raíz de las manifestaciones de ayer en Madrid, se han podido oír algunas cosas que me gustaría aclarar:

He leído a alguien que dice que los manifestantes pretenden ganar en la calle lo que no han ganado en las urnas. Pero esto no es así. En las urnas se ha votado un programa electoral con el que podemos estar o no de acuerdo, pero que en estos momentos nadie está cumpliendo. Con toda la desfachatez del mundo, los representantes elegidos por el pueblo se han erigido en nuevos mesías que deciden lo que viene mejor a sus súbditos. Esto, se quiera o no, es una tiranía disfrazada. Presentarse como tiranía no vende en nuestra sociedad actual. Hay que utilizar un disfraz. Y están utilizando el disfraz de demócratas.

Los votos obtenidos en las urnas no les legitiman para hacer todo lo que se les ocurra. Únicamente les legitima para llevar adelante un programa que es por el que han obtenido el respaldo popular. En el momento en que lo incumplen, estamos totalmente legitimados para salir a la calle. Incluso la inicialmente anunciada "toma" del congreso sería más legal que su persistencia en mantenerse al frente del gobierno.

Se ha pretendido hacer las cosas de una manera "suave". Pero ellos necesitan infundir miedo. Las tiranías se mantienen en el poder mediante el terror. Si ayer no pasa nada, es probable que más gente se anime a salir a la calle a denunciar la estafa electoral sufrida. Y eso no lo pueden permitir, porque no son demócratas.

También he oído de todo con respecto a los funcionarios policiales que han disuelto las manifestaciones. Me pongo en su lugar (es difícil, porque siempre que hemos coincidido me ha tocado estar al otro lado de la barricada) y llego a entender que su situación es difícil, que tienen que cumplir órdenes... Y también entiendo que no todos actúan igual, que hay algunos que parece que disfrutan agrediendo a su pueblo.

Hace muchos años me tocó enfrentarme más de una vez con la policía franquista. Ahí sí que no había disculpa posible. El que entraba en la policía, o era muy tonto (que también los había en abundancia) o sabía que entraba en un cuerpo represivo al servicio de la dictadura. Eran matones a sueldo. Sin más.

Ahora, sin embargo, supongo que más de uno se ha hecho policía pensando en defender la democracia. Pues quienes así piensan tienen que saber que la democracia, ayer, estaba del lado de los manifestantes a los que estaban agrediendo. La policía actual tiene mecanismos de defensa, tiene sindicatos que deberían actuar y no permanecer callados: que sepan que ayer estuvieron defendiendo a un gobierno que, al incumplir su programa electoral está incumpliendo el mandato del pueblo soberano y se está colocando fuera de la legalidad. No me vale decir que las leyes los amparan. El actual gobierno es ilegal en una democracia. Ha engañado a sus votantes y, por lo tanto, al pueblo soberano. Se que suena duro y que puede que hasta demagógico, pero hoy por hoy, el actual gobierno es ilegal y estamos legitimados para hacer todo lo posible por derribarlo.

Los grandes defraudadores son como los genocidas

Nuestro país está atravesando graves dificultades económicas. Pero resulta que hay mucho dinero escondido de forma fraudulenta, dinero que se oculta al fisco y, por tanto, se nos oculta a todos los españoles.

Hace unos meses, el Gobierno tuvo la idea de promulgar una amnistía fiscal. Es decir que todos los defraudadores que contaban con dinero negro, podían blanquearlo pagando sólo un 10 por ciento, en lugar de lo que realmente les habría correspondido.

Sin embargo, y según parece, sólo ha aflorado un 2% de la cantidad que el gobierno había previsto.

A la vista de esto yo creo que la estrategia ha sido equivocada. Los delincuentes de cuello blanco han tomado al gobierno por el pito de un sereno. Y hay que tomar medidas reales para que esto se solucione. Por ejemplo, endurecer la ley y acelerar los procesos judiciales. Un gran defraudador nos está privando de fondos importantes que podrían destinarse (o más bien, que deberían destinarse) a los servicios públicos. Hay ciudadanos que van a perder su asistencia sanitaria o la van a ver retrasada hasta límites insoportables para su salud; ciudadanos que, hay que decirlo, van a morir por falta de atención, debida a la falta de recursos económicos de la Administración...

No creo ser demagogo si culpo a estos grandes defraudadores de la muerte de muchas personas. Por lo tanto, su delito debería equipararse a delitos mayores, como el de genocidio. Sé que suena duro, pero hay que mirar las cosas de una forma global: desde las consecuencias hasta su origen.

Hay que cambiar la percepción de las cosas. Estos grandes defraudadores son grandes delincuentes y deben pagar su delito con penas de cárcel.

Hay que recordar aquí el caso sangrante de Hervé Falciani. Falciani trabajaba para el banco suizo HSBC, uno de los mayores refugios de cuentas opacas en las que se ocultan los grandes defraudadores de todo el mundo. Pues Falciani tuvo la osadía de hacer públicos los datos de 80.000 clientes de este banco que incumplían sus obligaciones fiscales en sus respectivos países. Curiosamente, la familia Botín, coincidiendo con este evento, regularizó su situación de forma voluntaria e ingresó a las arcas de todos los españoles 200 millones de euros que, al parecer, habían "distraído".

Pues bien, Falciani tuvo que huir de su país y fue detenido en Barcelona el 1 de julio. Y desde entonces se encuentra en prisión, porque Suiza ha solicitado su extradición.

Falciani, que ha conseguido que España y otros muchos estados recuperen parte del dinero que los delincuentes de cuello blanco se habían llevado, paga su acción con la cárcel, mientras que esos delincuentes siguen en la calle buscando nuevos refugios para los frutos de su latrocinio. Y esto es así porque saben que lo más probable es que su delito les salga gratis.

El Sindicato Andaluz de Trabajadores y la Constitución

Este verano, el Sindicato Andaluz de Trabajadores ha alcanzado una importante notoriedad pública, y no sólo en nuestro país. Las imágenes de un diputado autonómico ocupando fincas, expropiando alimentos... han dado la vuelta al mundo. Numerosos debates se han centrado en estas actuaciones, con opiniones para todos los gustos. En estas líneas me gustaría observar estos acontecimientos a la luz de la Constitución española.

Una Constitución democrática es el pueblo quien se la otorga. El pueblo es soberano y sus decisiones son inapelables. Pero las constituciones no son inamovibles, porque las circunstancias políticas, sociales, económicas... cambian con el paso del tiempo.

La Constitución española actual fue aprobada en 1978, es decir, hace casi 34 años. Y son años en las que han cambiado muchas cosas, pese a lo cual sólo se ha sometido a ligeros cambios, alguno de los cuales sería incluso dudosamente constitucional. Es hora, por tanto, de someterla a una revisión.

Sin embargo, más importante que la revisión podría ser que lo previsto en la actual constitución se cumpliese. Que existan mecanismos para exigir su cumplimiento, y que no quede en papel mojado.

Si empezamos por su preámbulo, en el mismo se establece la voluntad de "promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida". Y es obvio que hoy en día hay muchos ciudadanos españoles que no tienen una calidad de vida que se pueda considerar digna.

Pero vamos a echar un vistazo rápido a unos pocos artículos de la Constitución. Y vamos a dejar en claro que todas las instituciones, y en concreto el gobierno, están obligadas a cumplir y hacer cumplir la Constitución:

Artículo 35. 1.: "Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo".

Es decir que este artículo obliga a que todos los ciudadanos, sin distinción, tengan una remuneración suficiente. Esto es algo a lo que el Gobierno está obligado, y no puede delegar en ONGs ni en las familias, como pretende al quitar el subsidio a quienes viven con sus padres. Pero es que, además, la prestación por desempleo es una perversión de este artículo que, lo que exige es que se facilite un empleo a cada ciudadano. La prestación por desempleo es, por tanto, una especie de indemnización, obligatoria para la Administración, que en realidad está obligada a proporcionar a cada ciudadano un trabajo y una remuneración suficiente.

Artículo 47.: "Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación".

En base a este artículo, deberían establecerse mecanismos para expropiar a sus promotores todas aquellas viviendas cuyo origen se encuentre en una especulación del suelo y establecer los mecanismos compensatorios o indemnizatorios para aquellos que adquirieron una vivienda con un precio sobredimensionado a causa de esa especulación.

Por otra parte, deberían declararse ilegales los deshaucios en tanto que a los desahuaciables no se les facilite una vivienda "digna y adecuada". Esto cobra mayor importancia si se tiene en cuenta, primero, que muchos de los desahucios se deben a que las viviendas fueron adquiridas a un precio sobredimensionado debido a la especulación y, segundo, que muchos ciudadanos se ven en la imposibilidad de hacer frente a su deuda o al pago del alquiler por el incumplimiento del artículo 35. 1, citado con anterioridad. Es decir, que es el propio Gobierno, al no exigir el cumplimiento de ese artículo, el que coloca a numerosas familias en la calle, incumpliendo así un nuevo mandato constitucional.

Artículo 128. 1. "Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general".

En tiempos de crisis como los que estamos viviendo, este artículo faculta al Estado a hacerse cargo de tierras improductivas para entregarlas a quienes sí las van a cultivar; a impedir que los grandes distribuidores fijen los precios de compra de los productos básicos y que hagan un uso tan pernicioso de esos productos que se concreta en que cada año esos mismos distribuidores tiren a la basura más de 4 toneladas de alimentos, la mayor parte de los cuales servirían para alimentar a muchas personas necesitadas. Y todo ello con el único fin de mantener unos precios que les aseguren unos beneficios de escándalo, aun a costa del hambre de muchas personas. También facultaría al Gobierno, por ejemplo, para fijar impuestos especiales para las grandes fortunas.

Artículo 130.: "1. Los poderes públicos atenderán a la modernización y desarrollo de todos los sectores económicos y, en particular, de la agricultura, de la ganadería, de la pesca y de la artesanía, a fin de equiparar el nivel de vida de todos los españoles. 2. Con el mismo fin, se dispensará un tratamiento especial a las zonas de montaña".

La clave de este artículo está en la palabra equiparar. Es imposible equiparar nivel de vida cuando el número de parados sin subsidio aumenta, mientras se toleran sueldos indecentes en los sectores implicados en la especulación, como la banca.

Visto lo anterior, la pregunta es: ¿Quién se encuentra más claramente fuera de la ley: el gobierno que ignora claros mandatos constitucionales o quienes por su propia iniciativa desarrollan acciones -ocupación de fincas, expropiación de alimentos- en el sentido que establece la Constitución?